Trabajadoras sexuales y transexuales fueron discriminados en programas sociales del Gobierno

Las restricciones de movilidad establecidas mediante toque de queda como una manera de controlar la propagación del coronavirus, no solo afectaron a los comerciantes y empresarios mayoritarios, migro y pequeños, sino también a las trabajadoras sexuales y las mujeres transgénero, cuya situación de vulnerabilidad habría aumentado por la pandemia, según Amnistía internacional.

En su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, establece que las mujeres sometidas a discriminación por múltiples motivos interrelacionados, como las mujeres transgénero y las mujeres cisgénero de bajos ingresos, seguían sufriendo discriminación para acceder a empleos formales, y muchas continuaban vendiendo sexo como principal fuente de ingresos.

Tras la aplicación del toque de queda nocturno en marzo, muchas trabajadoras sexuales transgénero perdieron la posibilidad de trabajar y se encontraron con dificultades para pagar el alquiler y sin acceso a protecciones sociales fundamentales, como una serie de servicios de salud, según la Organización NO Gubernamental (ONG) Trans Siempre Amigas (Transsa), señala el informe.

“Aunque las autoridades pusieron en marcha programas de asistencia económica para personas trabajadoras, quienes se dedicaban al trabajo sexual enfrentaron obstáculos al intentar acceder a ellos, también según Transsa. Esa ONG, en colaboración con otras, finalmente pudo conseguir ayudas para algunas mujeres transgénero”, dice Amnistía.

Refiere que las autoridades tampoco aplicaron un protocolo nacional para la investigación de la tortura, pese a los indicios que Amnistía Internacional había presentado en 2019 que indicaban que la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura y otros malos tratos.

En la región de las Américas, las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) sufrieron actos de violencia y homicidio en varios países de la región, como Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron asesinadas en el continente. Brasil fue el país que concentró el mayor número de estas muertes.

Debido a la crisis creada por el COVID-19, que también afectó a las personas LGBTI, los sistemas de salud se centraron en la pandemia, por lo que resultaba más difícil acceder a otros servicios clave para esas personas, como el asesoramiento en materia sexual y de salud mental. “En muchos países se suspendieron las pruebas de detección del VIH”, enfatiza el informe.

Privación arbitraria de la nacionalidad

La organización internacional expresa que miles de personas nacidas de progenitores extranjeros que habían sido inscritas como dominicanas al nacer, pero a quienes posteriormente se les había retirado la ciudadanía —la última vez mediante una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2013 que dejó a decenas de miles de personas sin nacionalidad— seguían sin poder conseguir documentos de identidad dominicanos, lo que las convertía en apátridas y las ponía en riesgo de ser expulsadas.

“En su última semana en el cargo, el expresidente Danilo Medina ordenó la naturalización de 750 personas dominicanas de ascendencia haitiana a las que se había retirado la nacionalidad, un gesto simbólico pero insuficiente para resolver la prolongada crisis de apátrida del país”, destaca.

Detalla que en agosto, las organizaciones de la sociedad civil pidieron al presidente Abinader que aceptara dialogar con la población dominicana de ascendencia haitiana y las organizaciones que la acompañaban para poner fin a las condiciones que forzaban la apátrida y los obstáculos que ello planteaba para acceder a asistencia médica, educación y otros derechos. Al terminar el año, el presidente no había respondido públicamente.

Concluye diciendo que a pesar de aceptar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades no aprobaron la legislación integral contra la discriminación que las organizaciones de la sociedad civil llevaban años exigiendo.