Lo que piensa el presidente Abinader sobre barrios amenazados con ser desalojados

En la República Dominicana abundan los barrios construidos improvisadamente en terrenos que luego son reclamados por quienes dicen ser sus verdaderos dueños. El caso más célebre de los últimos años fue el del sector Los Tres Brazos, donde la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) vendió 213,861 metros cuadrados a la compañía Fernández Parache por 80 millones de pesos, quedando los residentes del lugar en tierra ajena, por lo que muchos empezaron a pagar para obtener sus títulos de propiedad.

El sector Las Varías fue desalojado con unas 500 casas, cálculo que hicieron los mismos vecinos, por su presunto propietario, quien se hizo valer de la fuerza pública autorizada por el abogado del Estado.

Otro sector en Boca Chica cuenta cientos de casas en un terreno en el que se asoma el fantasma del desalojo cada cierto tiempo por parte de familias de apellidos altisonantes. Al mismo tiempo, se libra una batalla en los tribunales de tierra y el arma principal de los residentes es el argumento de que los títulos que presentan los presuntos dueños son falsos.

En la misma situación se encuentran decenas de sectores en todas las provincias del país, donde comunidades y presuntos propietarios se mantiene en tensión.

Tal es el caso del barrio San Pedro, en la provincia La Altagracia, donde cientos de familias reciben advertencias de desalojo por parte de quien identifican como la viuda Marranzini. Un dirigente de junta de vecinos del lugar aprovechó una reunión con el presidente Luis Abinader para pedir su intervención en el caso.

El mandatario quiso ser justo con ambas partes reconociendo que se trata de “una situación humana y un tema también de seguridad jurídica”.

“Sin seguridad jurídica se rompe todo, pero tampoco podemos permitir un desalojo inhumano”, acotó.

Instruyó a Mélido Torres, director de Titulación, para que se reúna con la propietaria y evaluar la posibilidad de un acuerdo.

Abinader dijo que en el país hay una situación de invasiones de terrenos que, si se sigue permitiendo, provocaría que caiga “la seguridad jurídica y las inversiones, y todo el que tenga un terreno no le vale cinco pesos”.

Mandó a conformar una comisión compuesta también por los diputados y el senador de la provincia para estudiar el tema y rendirle un informe en dos semanas.

El presidente se reunió el jueves con los dirigentes comunitarios de La Altagracia, luego de asistir a la inauguración de un hotel.