La reacción del abogado Félix Portes a revelaciones de Girón Jiménez durante audiencia por caso Coral

El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, imputado en el supuesto entramado de corrupción desmantelado bajo la Operación Coral, reveló durante la audiencia de este jueves cómo el grupo, encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, realizaba las operaciones ilícitas para defraudar dinero del erario público, tal y como lo estable la acusación del Ministerio Público.

Las declaraciones del oficial, que incriminan a los demás implicados en el expediente, podrían ser utilizadas como delaciones premiadas. Aunque el acuerdo no ha sido confirmado por el Ministerio Público, el abogado Félix Portes, representante del también imputado coronel Rafael Núñez de Aza, dijo estar consciente de que Girón Jiménez está cooperando y que sus declaraciones son partes de un acuerdo.

Las delaciones premiadas son un acuerdo entre el acusado de la comisión de un delito y el Estado, a través del Ministerio Público, en el que a cambio de la confesión o prestación de informaciones y pruebas relevante, se ofrecen al presunto delincuente beneficios que pueden consistir en la rebaja de la pena o su remisión total del proceso.

“Desde el 24 de abril, que fue sábado y todo el mundo fue arrestado, cuando yo fui a ver al cliente mio ya Girón no se encontraba en la carcelita, él nunca pisó la carcelita de Ciudad Nueva, entonces ahí ya sospechábamos como abogado que eso estaba pasando, y luego eso fue confirmado cuando nosotros leímos la solicitud de medida de coerción, que en las conclusiones formales, el Ministerio Público le pide prisión preventiva a todos y el nombre de ese señor no estaba ahí”, dijo el abogado Félix Portes durante una entrevista en el programa El sol de la mañana.

Se recuerda que durante la primera audiencia del conocimiento de la solicitud de medida de coerción, la abogada del mayor general Cáceres Silvestre cuestionó a la jueza porque Girón Jiménez se encontraba en el tribunal, a pesar de que en la solicitud formal el Ministerio Público no pedía nada en su contra.

Sobre las revelaciones que hizo Girón Jiménez, el abogado Portes recordó que sus palabras no son pruebas condenatorias y dijo que resta esperar ver qué es lo que tiene el Ministerio Público en cuando a documentación que avale las imputaciones que hizo el mayor, quien se desempeña como director de Tecnología y Comunicaciones del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hasta que se produjo su apresamiento el sábado 24 de abril.

Hay un principio fundamental que establece que las declaraciones de los coimputados no son pruebas, son la defensa material que realizan ellos, ahora, las declaraciones que hacen, si bien es cierto que no son pruebas, pueden generar datos, que si el Ministerio Público los investiga y recopila pruebas objetivas, esas pruebas objetivas pueden ser valoradas por el juez”, explicó.

Sostuvo de las declaraciones de Girón no se pueden revertir, porque es su derecho, sin embargo, entiende que no van a cambiar el arraigo de su cliente ni va a aumentar su peligro de fuga. “Yo no creo que se vaya a sustraerse del proceso ni vaya a obstaculizar el proceso, entiéndase intimidar testigos, destruir evidencia, porque eso va a agravar su situación y si está en libertad será motivo para que se revoque”, dijo Portes, refiriéndose al coronel Rafael Núñez de Aza, sindicado como el cerebro financiero del supuesto entramado de corrupción.

Según el Ministerio Público, el oficial de la Policía Nacional se desempañaba como encargado financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cestur , lo que le permitía al imputado Adán Cáceres mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a unos RD$3,000,000,000 durante los ocho años de gestión al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Mientras que Raúl Alejandro Girón Jiménez era programador de nóminas del Cusep y realizaba compras de inmuebles a nombre propio y suscribía préstamos ficticios a miembros del entramado, según el expediente, que cita la compra por D0P$7,634,231.40 del inmueble que tiene alquilado en Samaná el general Torres Robiou, quien renunció como director del Cestur cuando se destapó el escándalo.