Imputados en red Antipulpo usarán computadoras para revisar acusación desde la cárcel

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional encargado de conocer la etapa preliminar o juicio a las pruebas del caso Antipulpo, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, dispuso que el Ministerio Público habilite un espacio con computadoras en la cárcel de Najayo para que los imputados y sus abogados pueden revisar el expediente, que consta de 103 mil páginas, entre acusaciones y pruebas.

Las pruebas y evidencias presentadas por el Ministerio Público ocupan aproximadamente 194 gigas de memoria, aclaró el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien dijo, además, que el Ministerio Público no se opone a que los imputados tengan esta facilidad.

“El Ministerio Público no se opone (a que los imputados conozcan las pruebas) por que ese es su derecho y es evidente que el Ministerio Público ha depositado un huracán de pruebas en este proceso. Un huracán categoría cinco y es proporcional que la defensa tenga la oportunidad de revisar este torrente”, expresó Camacho al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El Ministerio Público deberá, por orden del juez, habilitar un espacio en la cárcel para que se reúnan los abogados y los imputados a revisar los cargos.

Para el próximo 21 de febrero, a las 9:00 de la mañana, fue fijada la revisión obligatoria del caso.

Los abogados de los distintos acusados señalados en esta investigación contra la corrupción, que abarca el periodo 2012-2020, se mostraron complacidos con la decisión.

José Miguel Minier, abogado de Fernando Rosa, afirmó que en la cárcel de Najayo Hombres el Ministerio Público habilitará un lugar para que los señalados y sus representantes legales puedan leer las pruebas.

Además, manifestó que el juez calendarizó las audiencias para que, a partir del primer lunes de abril, todos los lunes, se pueda avanzar en el caso.

Dijo que existe la defensa técnica que la ejercen los abogados y material, que la ejercen los imputados, que se facilitará con esta decisión del juez.

Por su parte, el abogado de Aquiles Cristofer, manifestó que existen señalados que aún no han recibido la acusación, pero vio la decisión como correcta.

Carlos Salcedo, abogado del principal imputado, Juan Alexis Medina Sánchez, valoró que se de un día y que se habilite un puerto USB para colocar memorias, a fin de que los acusados y sus defensas puedan analizar la acusación.

En la red de supuesta estafa contra el Estado, además de Alexis Medina figura su hermana Carmen Magaly Medina Sánchez.

Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago, entre otros más.

La acusación aporta evidencias de cómo el entramado societario vinculado a Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo.

El expediente dice que el supuesto entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.