Imponen tres meses de prisión preventiva a acusados robar fondos “Quédate en Casa”

La jueza titular de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia San Pedro de Macorís, Darlys Altagracia Eusebio, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a cuatro hombres acusados de robar las transferencias monetarias destinadas al programa gubernamental temporal “Quédate en Casa”, cuya red estafó al Estado a través del ciberdelito por más de 100 millones de pesos.

Oscar Eduardo Reyna Moreno, Junior Steel Echavarría Días (El Menor Priviti), Alexander Santos Velázquez (Chiquito) y Juan Alberto Martínez Ramírez (El Mecánico) fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís a cumplir la medida impuesta por la magistrada a solicitud de la fiscal Zuleyka Mateo Torres, de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de esa localidad, quien pidió un año de privación de libertad para los cuatro implicados.

Según una comunicación de prensa, Mateo Torres, fiscal apoderada del caso, informó que la señora Viviana Isaac Reyes, propietaria del minimarket La Fe, será presentada ante la Oficina Judicial de Atención Permanente para conocerle medida de coerción por su implicación en el caso, ya que se le acusa de trasladar el datáfono a través del cual se realizaron las transacciones, desde la Plaza Devoro, su local de origen, al comercio de su propiedad.

La querella fue depositada por la directora de la ADESS, institución representada por Sol Ángel Rodríguez, consultora Jurídica y los abogados Domingo Ángeles, Aishel Hernández y Luis Vásquez.

Viviana Isaac Reyes está acusada de complicidad con los cuatro apresados por violar los artículos 379, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también los capítulos 13, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Para ello, los supuestos delincuentes reclutaban nombres de ciudadanos inscritos en los padrones electorales de los partidos políticos y con la complicidad de propietarios de comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) verificaban las identidades de los beneficiarios del subsidio social en los datáfonos autorizados por la entidad comercial que transfiere dichos fondos, con lo cual completaban la estafa.