Estado dominicano debe aplicar mejoras a programas sociales, dice Banco Mundial

La República Dominicana es el segundo país de la región centroamericana que mayor gasto en protección social registró en 2018, solo superado por Costa Rica, invirtió cerca del 7.3 % de su producto interno bruto (PIB). Sin embargo, debe aplicar mejoras para eficientizar el uso de esos recursos.

Aunque el Estado dominicano ha logrado proteger a las personas pobres y vulnerables, a través de los programas de protección social, algunos de estos sufren de la duplicación de esfuerzos y recursos, según el informe “República Dominicana: revi- sión del gasto público”, elaborado por el Banco Mundial (BM).

La redundancia en los programas y en las estructuras de gestión a-fecta la eficiencia y la efectividad de las políticas sociales. 105 entidades del Gobierno implementan alrededor de 287 iniciativas de programas sociales y muchos de los 391 municipios y distritos municipales del país implementan iniciativas locales paralelas, critica el documento.

Agrega que la mayoría de estas iniciativas se gestionan por separado, con poca coordinación entre ellas, y muchas son gestionadas por autoridades que también se encargan de la implementación de otros programas en diferentes sectores.

El informe destaca que el gasto público total en programas de protección social en el país alcanzó RD$310.5 mil millones, equivalente al 41.4 % del gasto público no financiero consolidado del país, de los cuales el 3.6 % correspondió a seguridad social, el 1.6 % a asistencia social y el 1.5 % a subsidios generales, entre otros.

“Los programas de protección social han sido eficientes en demostrar que reducen la pobreza y la desigualdad. Sin estos la pobreza hubiese aumentado cerca de ocho puntos porcentuales y la desigualdad alrededor de siete puntos porcentuales”, resaltó Miriam Montenegro, gerente del Proyecto Integrado de Promoción y Protección Social del BM.

Durante una actividad, organizada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Montenegro citó además la evaluación y consolidación de los programas de transferencias monetarias como otra de las reformas que deben sufrir los programas sociales.