Economía

Zonas francas y exenciones fiscales poco supervisadas

El sector de zonas francas es, sin dudas, uno de los más dinámicos de la economía, con aportes de empleos directos que rondan los 200,000 puestos de trabajo, así como generación de divisas que el año pasado marcaron los US$8,060 millones por exportaciones, para un crecimiento de 3.7%, con respecto al anterior 2022.

De hecho la caída de las exportaciones totales no fue mayor, gracias a la ponderación de 67% que tienen las ventas externas de las zonas francas, sino todo lo exportado, ya que las nacionales cayeron en -16% durante el pasado año 2023.

Sin embargo, una de las razones del dinamismo de las zonas francas es que tienen atractivas facilidades de parte del Estado dominicano, principalmente en lo relativo a la exención de impuestos a la importación de bienes, ya sea materia prima o instrumentos o artículos relacionados con sus operaciones y, sobre todo, la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), gravamen que sí deben pagar las empresas nacionales, ya sean exportadoras o no.

El punto está en que esas exenciones, que se justifican en los aportes económicos directos e indirectos de las zonas francas, no parecen estar bien supervisadas por parte de las autoridades dominicanas, además de que no son auditadas con la rigurosidad que se debe.

De hecho, no se tiene certeza, cuando se trata de un inversionista con empresas tanto en el régimen de zonas francas como de carácter nacional, si cuando importan algún artículo es para la empresa local o para la zona franca, lo cual es preciso diferenciar para verificar cuándo debe pagar impuestos y cuando debe ser exonerado.

Pero además, las zonas francas tienen el derecho a comercializar en territorio nacional hasta el 20% de su producción, bienes que sí deben pagar los impuestos correspondientes. Pero uno se pregunta: ¿tiene el Estado dominicano los mecanismos efectivos para determinar con exactitud qué proporción de las ventas fue al mercado local y la que se dedicó a la exportación?
A eso se agrega otro asunto que se está perdiendo de vista o que, las autoridades están conscientes de que está ocurriendo y se hacen de la “vista gorda”.

Me refiero a la cantidad de nuevas empresas de zonas francas, que no están surgiendo de inversionistas que vienen al país con empresas adicionales a las existentes. No. Se trata de empresas nacionales, cuyos dueños están solicitando, y reciben la aprobación, pasar al régimen de zonas francas. Por eso, no es casual que cada vez sea mayor la proporción de empresas de zonas francas, en detrimento de empresa nacionales.

Es porque muchas empresas nacionales están pasando a ser zonas francas, lo cual implica el compromiso de convertirse en exportadoras de por lo menos el 80% de su producción. Pero vuelve la pregunta: ¿Sabe el Estado si esas empresas están exportando al menos el 80% de su producción? ¿Quién verifica y se asegura de eso? ¿Hay auditorías permanentes para determinarlo? ¿Existe complicidad y ocultamiento de información? No lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que hay muchas empresas comercializando productos en territorio dominicano que, cuando usted revisa la etiqueta, verá que dicen pertenecer al régimen de zonas francas, cuando en el pasado operaron durante muchas décadas como empresas nacionales.

El problema con eso es que, si bien las empresas como zonas francas, aportan empleos y dinamizan la economía, también tienen exenciones fiscales (débilmente supervisadas y fiscalizadas) que van en detrimento de las recaudaciones del Estado.

También está otro aspecto: el relacionado con los tiempos o plazos de las exenciones, así como los compromisos a cumplir. Se supone que cuando una empresa de zona franca se instala, se compromete a generar X cantidad de empleos y a vender o exportar bienes por X montos en un plazo determinado.

¿Cuántas de esas empresas de nueva inversión o de inversión existente cumple o ha cumplido con los compromisos asumidos con el Estado a cambio de reciben las facilidades que reciben? Es posible que con una efectiva supervisión, el Estado recupere gran parte de lo que gasta en exenciones, sin la necesidad de eliminarlas. Solo basta con que las supervise de manera más efectiva, algo que no parece se esté haciendo.

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