Economía

Inclusión financiera desde la perspectiva de una política pública

Se le atribuye a la inclusión financiera el rol de posibilitar la reducción de la pobreza y el de promover la prosperidad. En efecto, según el Banco Mundial (2020) la inclusión financiera implica el acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades, ya sea de realizar transacciones, pagos, ahorro, obtención de créditos y consecución de seguros.

Así también, en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2015) se afirma que la inclusión financiera tiene múltiples beneficios socioeconómicos debido a que proporciona instrumentos que permiten limitar la variabilidad del consumo y gestionar adecuadamente los choques adversos, al tiempo que permite incrementar sus activos.

Sin embargo, más allá de su importancia y el papel que juega la inclusión financiera, esta se define en tres dimensiones: acceso, uso y calidad (Cepal, s/f). Según este organismo, el acceso significa la posibilidad de usar los servicios financieros y los productos de las instituciones del sistema financiero formal con los cuales los individuos pueden acceder a los servicios y productos financieros disponibles, mientas que el uso está referido al hecho concreto de utilizar los productos financieros puestos a su disposición en el mercado.

De su lado, la calidad de la inclusión financiera abarca características como la adaptabilidad del producto a las necesidades de los clientes, la variedad de los productos y servicios financieros, los procesos de regulación y supervisión y la protección del consumidor que exista. La Cepal entiende que la inclusión financiera debe vincularse a una política pública de inserción productiva.

La base de datos de Global Findex revela que, a 2021, el 76% de los adultos de todo el mundo tenía una cuenta en una institución financiero o por medio de un proveedor de dinero móvil, en tanto que la tenencia de cuentas aumentó en un 50% entre 2011 y 2021, pasando del 51% al 76%. Esa misma base de datos arrojó que la tasa promedio de tenencia de cuentas en las economías en desarrollo, durante el período 2017-2021, aumentó en 8 puntos porcentuales, al pasar de un 63% a un 71% en los adultos.

Otro estudio de Mastercard (2023) muestra un dato interesante sobre el tema, y es que “después de casi tres años de vivir los impactos de la pandemia del covid-19, el numero actualizado de consumidores que solo usan efectivo, es decir, aquellos que no tienen cuenta financiera, se redujo drásticamente de un 45% a tan solo un 21%. Lo anterior implica que más de cien millones de latinoamericanos accedieron a servicios financieros digitales por primera vez y, de estos, 72 millones comenzaron a realizar transacciones digitales para diversos usos.

Finalmente, el Banco Mundial afirma que si se quiere impulsar la inclusión sería necesario elaborar una estrategia nacional sobre el tema, en donde se debería incluir: a) Aplicar una política a escala, incluyendo la identificación digital universal; b) Aprovechar los pagos del gobierno para que los adultos que reciben fondos del Estado abran su primera cuenta financiera; c) Promover el crecimiento de los servicios financieros móviles; d) Inducir a que la estrategia a diseñarse incluya a diversas partes interesadas, tales como los entes reguladores financieros, empresas de telecomunicaciones, regulador de la competencia y el Ministerio de Educación, y e) Prestar atención a la protección del consumidor y a la capacidad financiera para promover los servicios financieros responsables y sostenibles.

Viéndolo desde una perspectiva de política pública, aquí está un desafío para las autoridades que asumirán la administración del Estado a partir del próximo 16 de agosto de 2024.

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