Atacan ante el Tribunal Constitucional resoluciones del Consejo del Poder Judicial

El abogado Amado A. Moquete Tena interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional (TC) para que sean declarados no conforme con la Constitución y anuladas varias decisiones del Consejo del Poder Judicial (CPJ) que tienen que ver con la virtualidad durante la pandemia por COVID-19.

Entre las decisiones del CPJ que fueron atacadas, figuran la Resolución núm. 006-2020, sobre la Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial dictada el 2 de junio, y la Resolución núm. 007-2020, sobre el Protocolo para el Manejo de Audiencias Virtuales, dictada por el Consejo del Poder Judicial el 2 de junio.

También, pidió que se declare la inconstitucionalidad la Resolución núm. 002-2020, sobre la Política de Firma Electrónica dictada el 21 de abril; la Resolución núm. 003-2020, sobre las Comisiones de Trabajo de Juezas, Jueces y Servidores Judiciales dictada 5 de mayo; la Resolución núm. 004-2020, sobre el Plan de Continuidad de las Labores del Poder Judicial dictada el 19 de mayo y la Resolución núm. 005-2020, sobre la Guía de Teletrabajo dictada por el Consejo del Poder Judicial el 19 de mayo.

Además las resoluciones 006-2020 y 007-2020.

Entre las motivaciones del accionante citó que estas decisiones del Consejo del Poder Judicial, además de ser alegadamente inconstitucionales, afirma que atentan contra el estado de derecho.

En la audiencia, la representación del Consejo del Poder Judicial solicitó a los jueces del Constitucional declarar inadmisibles las acciones y rechazarlas por no haberse demostrado ninguna violación a la Constitución.

Luego de conocer el expediente, el Pleno del Tribunal Constitucional dejó ese expediente en estado de fallo junto a otros dos que interpusieron otros accionantes.

En la audiencia pública quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0061, que tiene como accionante a la Fundación Alianza Ciudadana Inc. contra los artículos 13, párrafo II, parte in fine, de la Ley 311-14, que instituye el sistema nacional autorizado y uniforme de declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, de fecha 11 de agosto de 2014; y 9, párrafo III, del decreto 92-16 emitido por el Poder Ejecutivo, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 311-14.

Igualmente, fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0001, en el que Amado A. Moquete Tena atacó las resoluciones a) 002-2020, dictada por el Consejo del Poder Judicial el 21 de abril de 2020; b) 004-2020, dictada por el Consejo del Poder Judicial el 19 de mayo de 2020; c) 005-2020, dictada por el Consejo del Poder Judicial el 19 de mayo de 2020; d) 006-2020, dictada por el Consejo del Poder Judicial el 2 de junio de 2020, y e) 007-2020, también dictada por el Consejo del Poder Judicial el 2 de junio de 2020.